PERÚ, 4 Mar (EUROPA PRESS)
El juicio contra el expresidente de Perú, Pedro Castillo, empezó este martes con fuertes críticas del exmandatario, quien calificó el proceso de "pantomima". Castillo enfrenta cargos por rebelión y abuso de autoridad en una audiencia que se llevó a cabo en la prisión de Barbadillo, donde permanece detenido desde hace más de dos años.
Durante la primera sesión del juicio, Castillo rechazó haber cometido actos de rebelión, defendiendo que sus acciones solo representaban el "deseo del pueblo" expresado mediante un discurso. El exmandatario también intentó desvincular a sus coacusados del proceso, afirmando que "nada tienen que ver en este proceso".
En un gesto de rebeldía, Castillo presentó un escrito un día antes del juicio para destituir a sus cuatro abogados y rechazó la designación de un representante de la defensa pública, argumenta que los delitos imputados son "ilegales". No obstante, se le asignó un defensor público, conforme informó 'El Comercio', dado que es un derecho que no se puede renunciar.
Castillo trató de leer una carta durante la audiencia, la cual había compartido previamente en redes sociales, donde declara su rechazo a ser juzgado. Sin embargo, la jueza no permitió esta acción. La carta critica que la administración de justicia está "instrumentalizada políticamente" y no considera "la verdad de los hechos ni la razón jurídica".
La Fiscalía de Perú ha solicitado 34 años de prisión para Castillo, además de una inhabilitación por 3.5 años y el pago de 65,419 soles peruanos (aproximadamente 17,100 euros) como reparación civil al Estado. El juicio continuará llevándose a cabo tres veces por semana, de manera presencial y virtual desde la prisión.
El intento de Castillo por disolver el Congreso y llamar a elecciones anticipadas, junto con la propuesta de un gobierno de excepción, precipitaron una moción de censura y su posterior arresto el 7 de diciembre de 2022. Su detención generó una de las peores crisis políticas recientes en Perú, con casi medio centenar de muertos durante las protestas.
Entre los coacusados por el caso de rebelión se encuentran la ex primera ministra Betssy Chávez, el ex primer ministro y exministro de Justicia Aníbal Torres, así como los exministros Willy Huerta y Helbert Palomino, entre otros.