Lima 11 Oct. (ANDINA) -
Los jueces superiores de la Corte de Justicia de Lima, reunidos en Sala Plena, cuestionaron toda disposición legal que menoscabe la independencia del Poder Judicial y de los jueces, y que los debilite en la lucha contra la delincuencia.
En un pronunciamiento,invocaron el respeto a los principios democráticos, como la separación y división de poderes, que permiten la vigencia de un Estado Constitucional de Derecho y que la ciudadanía cuente con jueces independientes e imparciales.
Los jueces precisan también que elCongresosometerá a debate elproyecto deLey No. 1192/2023 y otros que modifican laLey de Carrera Judicial, Ley de Carrera Fiscal y el Código Penal,estableciendosanciones disciplinarias y penales a los jueces y fiscales soliciten o dicten detención preliminar, prisión preventivao sentencia condenatoria y que sean revocadas por la instancia superior.
Precisan además que el referidoproyecto plantea multar a los magistradospor cada día de detención si la medida es revocada y sancionarlos con 10 y 15 años si dictan resoluciones con “declaraciones o testimoniales no corroboradas”, lo cual significa sancionar el criterio jurisdiccional.
Expresan también que el Congreso someterá a votación proyectos de ley que proponen modificar el Código Procesal Constitucional, en desmedro de la protección de los derechos fundamentales de las personas.
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Los jueces de la Corte Superior de Lima expresan su preocupación por ese hecho y piden un debate más amplio y responsable, sobre todo porque dichas modificaciones podrían acarrear la responsabilidad del Estado Peruano ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos.
“El Poder Legislativo ha aprobado las Leyes 31571, 31989, 31990, 32104, 32017, 32054 y 32108 y el Gobierno no las ha observado, dispositivos legales que han debilitado al Poder Judicial y a los jueces para enfrentar la criminalidad organizada y que han contribuido a la inseguridad ciudadana, al incremento de la delincuencia y los actos de corrupción”, señala el documento.
Finalmente, la Sala Plena deslinda y rechaza toda inconducta funcional en la que haya incurrido algún miembro de nuestra Corte o del Sistema de Justicia y deplora profundamente todo acto reñido con la moral y la ley.