PERÚ, 9 Apr (EUROPA PRESS)
José Domingo Pérez, lider del equipo especial Lava Jato, denunció enfrentar una "campaña de demolición" y señaló directamente a la fiscal general de Perú, Delia Espinoza, por intentar "silenciar" al personal del Ministerio Público. Esta acusación surge tras ser suspendido por un periodo de seis meses debido a supuestas irregularidades en la investigación sobre el financiamiento de las campañas presidenciales de Keiko Fujimori.
El fiscal Pérez expresó su preocupación de que esta suspensión se traduzca en su expulsión definitiva del organismo, especialmente después de que la Autoridad Nacional de Control (ANC) de la Fiscalía iniciara un procedimiento disciplinario en su contra. Este procedimiento fue motivado por presuntas faltas en la investigación hacia Arsenio Oré Guardia, abogado vinculado a Keiko Fujimori, en el caso denominado 'Cócteles'.
Pérez sostiene que detrás de su suspensión está una coordinación entre los investigados y acusados, refiriéndose a la ex candidata presidencial y su partido, Fuerza Popular. Según reveló, existen audios que demostrarían un acuerdo entre estos y Juan Fernández Jerí, director de ANC, con el fin de retirarlo de la investigación.
"Esta es una reacción de quienes han sido investigados y acusados", indicó Pérez, quien también criticó la gestión de Espinoza en el Ministerio Público, apuntando a ella como responsable de la "crisis institucional" que atraviesa la entidad. En una entrevista para 'La República', acusó que la actuación de la fiscal de la nación ha facilitado que Fernández Jerí cumpla con una "agenda política para afectar a la institución".
La controversia se agudiza a la luz de unos audios en los que Christian Salas, ex abogado de Fuerza Popular, solicita a Fernández Jerí la suspensión de Pérez. Esto ocurre en un momento en que también se detuvo el juicio oral contra Fujimori por acusaciones de lavado de dinero.
La ANC argumenta que Pérez procedió en contra de Oré Guardia a pesar de conocer su impedimento legal para hacerlo, luego de una decisión favorable del Tribunal Constitucional. Esto, según el organismo, constituye una violación a sus deberes de perseguir el crimen de manera independiente, objetiva y respetando el debido proceso.