MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez de la Audiencia Nacional que indaga en las presuntas investigaciones prospectivas y ajenas al control judicial que se habrían llevado a cabo sobre cargos de Podemos tomará declaración este martes por videoconferencia y en calidad de testigos a Nervis Villalobos, quien fuera viceministro de Energía del Gobierno venezolano; a Javier Ochoa Alvarado, exviceministro de Electricidad y Desarrollo; y a Rafael Isea, quien fue ministro de Finanzas.
En una providencia, recogida por Europa Press, el juez Santiago Pedraz fijó a partir de las 12.30 horas las testificales, acogiendo de esta forma la petición tanto de Podemos como de su ex secretario general Pablo Iglesias, que entienden que fueron posibles informantes de los funcionarios policiales españoles que realizaron esas presuntas pesquisas ilegales sobre el partido 'morado'.
Cabe recordar que fue en febrero de 2024 cuando Pedraz admitió parcialmente la querella de Podemos contra el que fuera secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, el exdirector Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino y otros altos cargos de la Policía por esas presuntas investigaciones prospectivas. Rechazaba, eso sí, investigar al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, al exdirector general de la Policía Nacional Ignacio Cosidó y a otros responsables policiales.
La querella se presentó por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
En su escrito, Podemos señalaba que los querellados, bajo el liderazgo del entonces secretario de Estado de Seguridad "se ocupaban de realizar investigaciones prospectivas y ajenas a cualquier interés policial, no bajo control judicial o del Ministerio Fiscal sobre las personas que conformaban la organización política".
Además, la formación apuntaba que Martínez daba cuenta periódicamente al ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, con capacidad éste de decisión última, aprovechándose de su condición de autoridad pública y con la colaboración de agentes policiales.
OCHO ACTUACIONES CONCRETAS
El objetivo principal, según el partido, era su posterior filtración a los medios de comunicación bajo el marchamo de fiabilidad de las "fuentes policiales" para desprestigiar ante la opinión pública a la formación, atentando de este modo contra la indemnidad de sus diputados y restantes cargos públicos.
Este modo de operar, indicaba la querella, se concretó en ocho actuaciones, como la investigación al entonces líder del partido Pablo Iglesias en el informe PISA, la filtración de un documento "falsario" de una cuenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited o la manipulación de documentos o registros policiales internos para otorgar apariencia de legalidad a la actuación de los querellados.