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CARACAS, 4 Abr. (Notimérica/EP) -
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha confirmado este viernes que el líder del partido político opositor Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, ha sido acusado de cuatro delitos por su supuesta implicación en la ola de violencia.
En una rueda de prensa, Ortega Díaz ha detallado que López ha sido acusado de "instigación pública y asociación para delinquir" y de "daños a la propiedad e incendio" en estos dos últimos casos "en grado de determinador", por los que podría ser condenado a hasta diez años de cárcel.
La titular del Ministerio Público ha hecho este anuncio una semana después de que la Corte de Apelaciones de Caracas rechazara el recurso presentado por López para conseguir su excarcelación, por lo que seguirá recluido en la cárcel militar de Ramo Verde.
Esta decisión judicial supuso un varapalo para el ex alcalde de Chacao, cuyo abogado, Juan Carlos Gutiérrez, se había mostrado "optimista" ante la posibilidad de que su cliente saliera próximamente de dicho centro penitenciario.
López, uno de los líderes más destacados de la oposición venezolana, fue señalado por el Ejecutivo como "autor intelectual" de la ola de violencia que se desató a raíz de la convocatoria que realizó para marchar en Caracas contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Después de una semana de inestabilidad, en la que se rumoreó que incluso podía haber huido de Venezuela, el pasado 18 de febrero López se entregó a las autoridades encabezando una manifestación opositora que desembocó en la sede del Ministerio de Justicia, Interior y Paz.
CRISIS VENEZOLANA
La crisis política en Venezuela estalló el pasado 12 de febrero, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados, lo que ha dejado al menos 39 muertos, 559 heridos y 168 detenidos.
Desde entonces, opositores y oficialistas han marchado a diario para repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de los grupos pro gubernamentales y el fin de la represión.
La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a Venezuela a romper las relaciones bilaterales.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) fue un paso más allá, expresando su respaldo al Gobierno de Maduro y anunciando la creación de una comisión conformada por los ministros de Exteriores del bloque regional para acompañar el diálogo en el marco de la Conferencia Nacional por la Paz.
Los cancilleres regionales han conseguido que Gobierno y oposición acepten sentarse a la mesa de negociaciones con la mediación de "un tercero de buena fe" de mutuo acuerdo para superar, de una vez por todas, esta crisis política.