CARACAS, 20 Mar. (Notimérica/EP) -
Los alcaldes de San Cristóbal y San Diego, Daniel Ceballos y Enzo Scarano, que fueron detenidos ayer por "rebelión civil" y "desacato", respectivamente, han sido trasladados a la cárcel militar de Ramo Verde, ubicada en Los Teques, en el área metropolitana de Caracas, "con todos sus derechos garantizados", según el Gobierno.
Ramo Verde es la misma prisión militar en la que se encuentra el líder del partido político opositor Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, que el pasado 18 de marzo de entregó a la Justicia después de que desde el Gobierno le señalaran como "autor intelectual" de la ola de violencia que sacude Venezuela.
"Es importante que los venezolanos sepan que estas decisiones son de los órganos de la administración de justicia, que no es el Gobierno quien ordena detener a nadie, sino que se cumplen todos lo pasos establecidos en la Ley", ha dicho el ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres.
Rodríguez Torres ha afirmado que "los órganos del Estado actúan para proteger el derecho de las mayorías, no para proteger a un pequeño grupo que quiere enturbiar la vida de los venezolanos y golpear la gobernabilidad necesaria en el país".
"Nosotros respetamos el derecho a la protesta y lo garantizamos siempre y cuando este derecho se ejerza de manera pacífica y con los métodos que están establecidos en la Ley", ha insistido en una rueda de prensa celebrada este jueves.
LAS DETENCIONES
Además, ha ofrecido detalles de la detención Ceballos, que se produjo ayer en un hotel de Caracas, donde asistía a una reunión de alcaldes opositores, de manos de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Rodríguez Torres ha explicado que Ceballos ha sido detenido después de que siete ciudadanos presentaran denuncias en su contra ante el Tribunal Tercero de San Cristóbal "por omisión de sus funciones como alcalde con las acciones que dirigía para cerrar vías, por no recoger la basura y permitir que se use la basura para hacer barricadas, así como por la inacción de la policía municipal".
Rodríguez Torres también ha explicado la detención y condena a 10 meses y 15 días de cárcel contra Scarano, en el mismo día, por desacato a la orden judicial que le instaba a destruir las barricadas levantadas en San Diego.
"Ante el Tribunal Supremo de Justicia se interpuso un amparo constitucional por un grupo privado de empresas, cooperativas y organizaciones para la defensa de derechos e intereses colectivos y difusos (contra Scarano)", ha dicho.
"Visto esto, el Tribunal Supremo de Justicia se declaró competente para asumir esta solicitud de amparo y emitió la decisión de sancionarlo y cesarlo en el ejercicio de sus funciones en el cargo de alcalde del municipio San Diego", ha añadido.
CRISIS VENEZOLANA
La crisis política en Venezuela se desató el pasado 12 de febrero, cuando arrancaron las protestas antigubernamentales y la represión de las mismas por parte de las fuerzas de seguridad y de civiles armados, lo que ha dejado --según cifras oficiales-- 31 muertos, 461 heridos y 1.854 detenidos.
Desde entonces, detractores y seguidores del Gobierno han marchado casi a diario para repudiar las acciones del contrario y llamar a un diálogo que aún no se ha producido porque la oposición exige antes la liberación de los detenidos, el desarme de los grupos pro gubernamentales y el fin de la represión.
La inestabilidad de Venezuela ha llevado a sus vecinos regionales a reunirse para buscar una solución. La Organización de Estados Americanos (OEA) se ha limitado a hacer un llamamiento al diálogo, a pesar de que Panamá había solicitado medidas efectivas, lo que ha llevado a Venezuela a romper las relaciones bilaterales.
La Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) ha ido un paso más allá, expresando su respaldo al Gobierno de Maduro y anunciando la creación de una comisión conformada por los ministros de Exteriores del bloque regional para acompañar el diálogo en el marco de la Conferencia Nacional por la Paz.