MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Uruguay se ha incorporado este viernes a la denuncia presentada contra Venezuela ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) por presuntos crímenes de lesa humanidad, una medida con la que busca ejercer una mayor presión sobre el presidente, Nicolás Maduro, a medida que se ahonda la crisis política en el país caribeño.
El país se suma de esta forma a una denuncia que lleva vigente desde 2018 y que fue presentada en primer lugar por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. Argentina, que retiró su apoyo a la misma en 2021 durante bajo la Presidencia de Alberto Fernández, solicitó el año pasado su reincorporación.
El Ministerio de Exteriores uruguayo ha confirmado ahora esta medida, que responde al "agravamiento de la crisis humanitaria e institucional que atraviesa Venezuela", según ha informado en un comunicado.
El titular de la cartera, Omar Paganini, ha remitido en nombre del Gobierno de Uruguay una nota al fiscal del TPI, Karim Khan, para solicitar así la investigación de posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela "a fin de determinar si los mismos configuran crímenes bajo competencia de la corte y, en ese caso, que se dispongan las medidas urgentes que aseguren el respeto y salvaguardia de los Derechos Humanos".
Así, Uruguay ha presentado información "complementaria y objetiva" para incorporar a la investigación a medida que aumenta "la represión contra la población civil y los líderes políticos opositores a manos de los servicios de seguridad del régimen tras el fraude electoral del 28 de julio y la inexistencia de garantías constitucionales y judiciales en un país sin separación de poderes", recoge el documento.
Las autoridades han reiterado su apoyo "irrestricto" al TPI como "herramienta central de la justicia internacional" y a su "defensa histórica del Derecho Internacional, la paz y la democracia".
Los países demandantes instaron ya hace seis años al tribunal a investigar posibles crímenes de lesa humanidad y abusos de Derechos Humanos ocurridos en Venezuela desde 2014 bajo el Gobierno de Maduro.