MONTEVIDEO, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Exteriores de Uruguay, Luis Almagro, ha subrayado este miércoles que Montevideo "ha cumplido en todo momento con sus obligaciones internacionales" en el conflicto bilateral con Argentina sobre la empresa papelera UPM-Botnia.
En este sentido, ha indicado que entregó a Argentina tres informes con "una base documental más que razonable para que el Estado argentino pueda evaluar los probables efectos del proyecto", ante lo que Buenos Aires hizo "sucesivos pedidos de información cuyo efecto no fue otro que el de obstaculizar el transcurso de los plazos previstos en las mencionadas normas".
Almagro ha agregado que los documentos "satisfacen claramente el requerimiento de proporcionar información sobre 'los aspectos esenciales de la obra', y el criterio de 'la información más amplia posible'", que exige el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre el caso.
"Para Uruguay no es aceptable que, mediante esta práctica, el derecho a la información con el que cuentan las partes (...) se vea transformado en un derecho de veto implícito sobre los proyectos que se llevan a cabo en el territorio de la otra parte", ha sostenido, según ha informado el diario uruguayo 'El País'.
Asimismo, ha recordado que la sentencia de La Haya "consagra en forma expresa que, luego de haberse recurrido al mecanismo de consulta (...) y aún en el caso de subsistir entre las partes opiniones discrepantes, el país que proyecta puede autorizar dicho proyecto bajo su responsabilidad".
Las palabras de Almagro han llegado apenas un día después de que el Ministerio de Exteriores de Argentina anunciara que acudirá a la CIJ en caso de que Uruguay no modifique su decisión de aumentar la producción en UPM-Botnia.
En su nota, la Cancillería argumentó que la decisión del Gobierno uruguayo "constituye una ruptura unilateral del mecanismo de información y consulta previas establecido en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay de 1975, el cual se encontraba en pleno desarrollo, luego de haber sido puesto en marcha por el Uruguay en el marco del citado artículo 7".
Horas antes, el presidente de Uruguay, José Mujica, informó de que las negociaciones para negociar el asunto se retrasarán 'sine die' hasta que la mandataria argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se recupere totalmente tras ser operada la semana pasada de un hematoma en la parte derecha del cráneo.
EL CONFLICTO
El conflicto bilateral se reavivó el pasado 27 de septiembre cuando Mujica anunció que su Gobierno autorizaría a la papelera aumentar su producción a cambio de que UPM-Botnia mejorara el tratamiento de los residuos vertidos al río Uruguay, frontera natural entre ambos países.
En respuesta, el Ministerio de Exteriores de Argentina emitió un comunicado recordando la obligación de Uruguay de negociar la medida y advirtiendo de que, en caso contrario, los tratados bilaterales habilitan al Gobierno de Fernández de Kirchner a ir a La Haya.
"El interés de Botnia-UPM, por más poderosa que sea, no puede promover la violación de fallos internacionales ni de acuerdos entre naciones hermanas. Con este espíritu de respeto y amistad deben ser tratadas todas las presiones que intente efectuar dicha empresa", subrayó.
Para evitar una nueva batalla judicial por la papelera, Mujica y Fernández de Kirchner acordaron días después que delegaciones de los dos países se reunieran en Buenos Aires para resolver esta cuestión a nivel bilateral, pero las negociaciones no avanzaron después de que Mujica asegurase que no prescindiría a dar su apoyo al aumento de producción.
En consecuencia, Argentina anunció el pasado 3 de octubre que denunciaría a Uruguay ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por su decisión unilateral de aumentar la producción en la papelera, al considerar que "afecta a su soberanía ambiental" y "viola los tratados bilaterales", que obligan a Buenos Aires y a Montevideo a negociar cualquier medida sobre el río Uruguay.
EL FALLO DE LA CIJ
El 20 de abril de 2010, la CIJ puso fin al primer asalto judicial de Argentina y Uruguay por UPM-Botnia, que mantiene enfrentados a los países vecinos desde 2003 por los supuestos daños ocasionados al medio ambiente por la empresa finlandesa.
El proceso judicial se remonta a 2006, cuando Buenos Aires denunció a Montevideo ante La Haya exigiendo el desmantelamiento de la papelera por su supuesta contaminación "sonora y visual", sus "malos olores" y su impacto sobre el turismo.
La CIJ dio un varapalo judicial a Argentina al considerar que "no hay motivo para el cese ni el desmantelamiento" de UPM-Botnia porque "la contaminación no puede probarse" al no haber una "relación directa" entre su instalación y el cambio climático en el río Uruguay.
A este respecto, añadió que los niveles de sustancias vertidas por la fábrica de celulosa a las aguas del río Uruguay son "insignificantes", si se comparan con los desechos que arrojan otras a ese importante caudal que comparten ambas naciones.
No obstante, la CIJ condenó a Montevideo por haber incumplido el Tratado del Río Uruguay al permitir la instalación de UPM-Botnia en la zona fronteriza sin informar previamente ni negociar las condiciones con Buenos Aires.
"Uruguay no respetó la obligación que le impone el artículo 7 (del acuerdo bilateral) de notificación a la CARU para que decida sobre los perjuicios; no respetó la obligación de negociar; y desconoció los mecanismos de cooperación", sentenció.
Por otro lado, el alto tribunal estableció lo que debería ser el "aprovechamiento racional" del río Uruguay, para el que Buenos Aires y Montevideo deberían promover "el desarrollo sostenible que garantice su protección y la de los derechos económicos de los estados ribereños".
"Todo cambio en el balance ecológico del río Uruguay debe ser asumido por ambas partes, que tienen la obligación de coordinar estas acciones como un rol central. Es importante que las dos respeten esta norma", concluyó.