MÉXICO DF, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
Manifestantes 'normalistas' han tomado este jueves el Ayuntamiento y el Palacio de Justicia de Acapulco para exigir la liberación de los 43 'normalistas' (estudiantes de magisterio) desaparecidos en el municipio de Iguala, estado de Guerrero.
Estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa y profesores de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) han ocupado estas instalaciones como parte de su plan de acción para reclamar Justicia.
Emanuel Añorve Rodríguez, de la CETEG, ha indicado que en estos días han ocupado al menos 25 edificios públicos de distintos municipios, cumpliendo así su amenaza de la semana pasada de ocupar todos los ayuntamientos guerrerenses.
De forma preventiva, las autoridades locales han creado un cordón de seguridad en la zona centro de Acapulco para evitar que los manifestantes 'normalistas' ocupen otras sedes institucionales, según ha informado el diario mexicano 'Milenio'.
Los medios de comunicación Novedades, Televisa y TV Azteca también han resguardado sus instalaciones, ya que estudiantes y profesores habían amenazado con tomarlas para dar información independiente sobre este caso.
México vive así una nueva jornada de protestas que sigue con la escalada de tensión y aumenta la presión sobre las autoridades para que den respuestas fiables sobre este caso que ha convulsionado a la sociedad, harta ya de crímenes impunes.
Los 43 'normalistas' desaparecieron entre el 26 y el 27 de septiembre en el marco de una protesta contra al reforma educativa del Gobierno mexicano que desembocó en violentos enfrentamientos con la Policía que se saldaron con seis muertos y 25 heridos.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha confirmado que el Gobierno y la Policía de Iguala estaban confabulados con el 'mini-cártel' Guerreros Unidos para hacer desaparecer a estos 43 'normalistas', por lo que las autoridades mexicanas intentan identificarlos entre los restos hallados en fosas comunes.
La PGR ha emitido órdenes de captura contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su mujer, María de los Ángeles Pineda, que están en paradero desconocido. También acusa de este crimen al jefe de sicarios 'El Gil', así como al secretario de Seguridad Pública y al subjefe de la Policía municipal, Felipe Flores Velázquez y César Navas González.