El Ejecutivo se mantiene "alerta" porque "quienes están detrás de esto (...) van a seguir perseverando"
MADRID, 10 (EUROPA PRESS)
El Gobierno de Ecuador considera que el intento de "golpe de Estado" que atribuye al ex presidente Rafael Correa y sus aliados, incluido el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, ha sido desactivado, dado que la "normalidad" ha regresado este jueves a Quito, epicentro de las protestas contra la reforma económica, según ha indicado el ministro de Exteriores de Ecuador, José Valencia, en una entrevista concedida a Europa Press.
"Sí, yo creo que hemos sido exitosos en eso", ha dicho el jefe de la diplomacia ecuatoriana, interrogado en una conversación telefónica sobre si el "golpe de Estado" había sido superado.
Para Valencia, "hubo un intento claro" de golpe de Estado por los llamamientos públicos de algunos sectores de la oposición ecuatoriana a celebrar elecciones anticipadas. "Ecuador no tienen un sistema parlamentario, como algunos países europeos. Es un sistema presidencialista donde la ley determina los plazos para que las elecciones se realicen. Hacer un llamado de ese tipo es hacer un llamado a subvertir el orden constitucional", ha sostenido.
A ello ha sumado las "múltiples declaraciones" en redes sociales de "líderes de la oposición vinculada al ex presidente Correa que pedían abiertamente la salida del presidente, Lenín Moreno, --legítimamente electo-- del poder". "Eso solo tiene un calificativo: un golpe de Estado, una subversión del orden democrático", ha zanjado Valencia.
El canciller ha vinculado la violencia registrada en las manifestaciones a estas maniobras políticas. Así, ha comentado que "los manifestantes que se enfrentaron a las fuerzas del orden" en la marcha indígena del miércoles en Quito "eran personas que respondían a otro tipo de consignas, consignas políticas de la oposición al Gobierno que no buscan una resolución de las controversias (...), sino una desestabilización política, crear el caos".
El vicepresidente, Otto Sonnenholzner, informó en la rueda de prensa que ofreció el miércoles desde Guayaquil de que solo en esa ciudad costera habían sido detenidos 27 ciudadanos extranjeros a los que habrían pagado entre 40 y 50 dólares por manifestarse. Según datos oficiales, habría más de 700 extranjeros detenidos, entre ellos decenas de venezolanos.
Interrogado sobre estas personas, el ministro de Exteriores ha rehusado dar detalles, porque "la Policía y la Fiscalía tienen que completar las investigaciones", si bien ha avanzado que estaban "mezcladas con los manifestantes (...) actuando de manera violenta". Sobre la posible conexión con Correa y Maduro, ha contestado: "Sí, tenemos muchos indicios de que por ahí apuntan las cosas, de que hay una acción foránea".
Valencia ha llamado la atención sobre el hecho de que "las manifestaciones fueron extremadamente violentas" e incluyeron "acciones ilegales" como la toma de tres instalaciones de bombeo de petróleo en la Amazonía ecuatoriana que han provocado la suspensión del principal oleoducto del país, con un coste de "millones de dólares".
"Esto sin mencionar que son instalaciones extremadamente sensibles (...) En el Gobierno estábamos muy preocupados porque, literalmente, una chispa pudo haber desatado una conflagración y cientos de vidas se pudieron haber perdido", ha apuntado.
VUELTA A LA NORMALIDAD
Por otro lado, ha celebrado la vuelta a la normalidad en la capital ecuatoriana. "Afortunadamente, la situación en Quito ahora mismo es calmada. La vida diaria ha retornado a la normalidad. Ya no hay manifestaciones (...), hay circulación de vehículos y comercios abiertos", ha afirmado. "Si todo va bien, confiamos en que el país pueda volver a la normalidad con rapidez", ha apostillado.
Valencia lo ha atribuido a dos cosas. Por un lado, a "la acción de la Fuerza Pública de contener a manifestantes violentos que se habían mezclado con las organizaciones sociales, especialmente con los indígenas", y, por otro, "al inicio de las mesas de diálogo entre el Gobierno y las organizaciones sindicales e indígenas".
Moreno ofreció diálogo a los manifestantes, aunque aclarando antes que mantendría su decisión de eliminar las subvenciones al combustible. El vicepresidente informó el miércoles de que se había llegado a un primer acuerdo sobre la ruta que debía seguir la marcha indígena por Quito y para que fuera pacífica, si bien la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) negó el diálogo y el acuerdo.
"No hay contradicción entre las dos informaciones", ha asegurado Valencia. En este sentido, ha explicado que antes de la marcha indígena "hubo un entendimiento" que además "se condujo de manera adecuada", porque no hubo violencia por parte de los manifestantes, y al mismo tiempo hubo "unos primeros encuentros" en el diálogo auspiciado por la ONU y la Conferencia Episcopal "donde las partes plantearon sus requerimientos".
El objetivo del diálogo, ha señalado, es "amortiguar el efecto del alza de los transportes en los sectores económicamente más vulnerables". "Frente a los planteamientos de grupos indígenas y sindicatos, el Gobierno hizo a continuación una contrapropuesta" que se basa en el desarrollo de las comunidades rurales. "Lo que nosotros esperamos es que en ulteriores encuentros, en el día de hoy, cuando nuevamente se reconvoquen, se pueda ir labrando un acuerdo", ha añadido.
EN ALERTA
El canciller ha recalcado que "la aspiración del Gobierno" es "buscar de manera pacífica y democrática entendimientos que permitan al país salir adelante". En su opinión, "la ciudadanía está también en esa línea", pero no así "quienes buscan solamente el caos por el caos y tienen una agenda política absolutamente distinta a las protestas ciudadanas".
Por eso, "nos mantenemos alerta", ha declarado. "Quienes están detrás de esto tienen una agenda absolutamente violenta y no creo que porque hayan sufrido un revés y el país haya vuelto a la calma vayan a dejarla de lado. Yo creo que van a seguir perseverando y, por supuesto, el país, el Estado y el orden democrático van a estar alerta para salirles al paso", ha aseverado.
Preguntado sobre si las autoridades ecuatorianas solicitarán a Interpol que emita una orden internacional para detener a Correa, que vive en Bélgica con su familia, por la tentativa de "golpe de Estado", al margen de las causas judiciales que ya tiene abiertas por corrupción y otros delitos, ha enfatizado que la decisión corresponde a los jueces. "El Ejecutivo, como tal, no tiene ni mucho menos injerencia en la Justicia. Esto ocurría antes, cuando el ex presidente Correa estaba en el poder (...). Hoy no es el caso", ha concluido.