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MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -
Miles de personas han salido este lunes a las calles de Costa Rica, especialmente en la capital, San José, para protestar contra una serie de medidas económicas adoptadas por el Gobierno, entre ellas una reforma fiscal, una subida de la tarifa eléctrica y una reducción de los beneficios a funcionarios.
Convocados por los sindicatos, miles de costarricenses han pedido al Ejecutivo que dé marcha atrás a unas medidas que, en su opinión, elevan el coste de la vida del ciudadano de a pie. Alertan de los efectos que tendría el aumento del impuesto sobre ventas y de la eliminación de ciertas exenciones a productos básicos.
Asimismo, denuncian que los grandes consumidores de electricidad verán reducida su factura a costa de que se aumente el recibo a los hogares, al tiempo que alertan de una creciente privatización de los servicios en la sanidad pública.
Todas estas reivindicaciones han confluido en una protesta que ha tenido como principales protagonistas a los empleados públicos, a los que se refirió expresamente la presidenta, Laura Chinchilla, para pedirles que no se sumasen.
La mandataria afirmó el domingo, en un mensaje publicado en Facebook, que se trata de un paro "injustificado", "irresponsable" y que "busca amedrentar" al Gobierno que asuma el poder a partir de mayo del próximo año. En este sentido, ha recordado que los funcionarios cobran entre un 12 y un 40 por ciento más que los trabajadores del sector privado.
"Aunque nuestra Constitución protege el derecho a la protesta, hacemos un llamamiento a la mayoría de empleados públicos para que trabajen con compromiso y entrega y advertimos a quienes protestarán que lo hagan de manera respetuosa sin conculcar los derechos del resto de los ciudadanos trabajadores de este país", pidió Chinchilla.
El ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, ha advertido este lunes de que el Gobierno ha ordenado que se rebaje el sueldo a los trabajadores que no acudan a sus puestos de trabajo. Asimismo, ha subrayado que en el caso de los funcionarios que presten "servicios públicos esenciales" las sanciones podrían ser de mayor calibre, según 'La Nación'.