BUENOS AIRES, 14 Ene. (Notimérica/EP)
El fiscal Alberto Nisman ha denunciado a la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por encubrir a los iraníes que estarían detrás del atentado perpetrado el 18 de julio de 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires.
En un escrito de 300 páginas, Nisman ha señalado a Fernández de Kirchner y a su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, entre otros cargos públicos, como autores y cómplices de encubrimiento agravado de los sospechosos iraníes, así como de otros delitos conexos, como obstrucción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Nisman ha indicado que estos delitos tienen su origen en el plan del 'kirchnerismo' de "acercarse geopolíticamente a la República Islámica y restablecer relaciones comerciales plenas de Estado a Estado para aliviar la severa crisis energética argentina, mediante un intercambio de 'petróleo por granos'".
"Este acercamiento, que en sí mismo nada tiene de ilegal y está fuera de cuestionamiento, fue considerado inviable mientras subsistiera la acusación efectuada por la Justicia argentina en la causa AMIA contra los ex jerarcas del régimen iraní", ha recordado.
Por ello, "para despejar el obstáculo, y he aquí lo delictivo, la señora presidenta ordenó desviar la investigación, abandonó años de un legítimo reclamo de Justicia y buscó librar de toda sospecha a los imputados iraníes, contradiciendo su probada vinculación con el atentado". "Decidió fabricar 'la inocencia de Irán'", ha sentenciado.
Según Nisman, las pruebas recabadas demuestran que "el Gobierno puso en marcha un canal de comunicación paralelo entre Argentina e Irán a fin de transmitir e instrumentar las órdenes emitidas por la presidenta y, de ese modo, alcanzar los objetivos ilícitos".
"Este canal clandestino, que operó como una diplomacia paralela, estuvo integrado por funcionarios, ex funcionarios y otros sujetos, que ninguna vinculación guardaban con la función diplomática, pero que estaban estrechamente ligados al centro del poder de donde emanan las decisiones más trascendentales de la política argentina", ha detallado, según informa 'Clarín'.
Nisman ha explicado que "la calidad delictiva del encubrimiento necesitó contar con estos canales paralelos, no oficiales, como vías concretas, eficientes y confiables para avanzar con la impunidad de los acusados iraníes".
"La actividad de estos canales configuró, sin más, una diplomacia paralela de facto, que desde las sombras permitió llevar adelante el plan criminal, por expresas directivas y órdenes de la señora presidenta", ha aseverado.
El fiscal ha destacado que, "más allá de los intermediarios puestos por ambos países, los que idearon y llevaron adelante este plan criminal terminaron acordando sus ilícitos objetivos no solo con el Estado que protege al terrorismo sino con el principal acusado terrorista, Moshen Rabbani", entonces agregado cultural de la Embajada en Buenos Aires.
Así, el representante del Ministerio Público ha solicitado, además de una declaración indagatoria, un embargo preventivo de los bienes de Fernández de Kirchner y los demás acusados por 200 millones de pesos (23,3 millones dólares).
ATENTADO CONTRA LA AMIA
El atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos es el mayor ataque terrorista perpetrado en suelo argentino, a pesar de lo cual sigue sin resolver, principalmente, porque los sospechosos, cinco iraníes entre los que se encuentran el ex presidente Akbar Hashemi Rafsanjani y el ex ministro de Defensa Ahmad Vahidi nunca han sido interrogados.
En 2013, los gobiernos de Fernández de Kirchner y Mahmud Ahmadineyad firmaron un Memorando de Entendimiento (MOE) con el objetivo de "destrabar una causa que estaba absolutamente inmovilizada".
Además, el memorando permitía por primera vez a las autoridades argentinas interrogar a los acusados en el país sudamericano del atentado de la AMIA, algo a lo que Irán se había negado insistentemente.
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