BUENOS AIRES, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Organización de Estados Americanos (OEA) ha aprobado este lunes la petición realizada por Argentina para celebrar una reunión de consulta a nivel de ministros de Exteriores para considerar su conflicto con los tenedores de deuda en el caso de los 'fondos buitre'.
La reunión, que se celebrará el jueves en Washington, ha recibido el respaldo por aclamación por parte de los países miembro del Consejo Permanente de la OEA, según ha informado la agencia estatal argentina de noticias, Télam.
La representante estadounidense, Margarita Riva, ha apoyado la reunión citando el "compromiso de las partes para lograr una solución", si bien ha advertido sobre "la importancia de no interferir con las acciones de los tribunales" del país norteamericano.
Por su parte, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, ha descrito el fallo del juez estadounidense Thomas Griesa como "insólito", al tiempo que ha manifestado su "solidaridad con Argentina por la situación en la que se le ha puesto".
Este mismo lunes, el Gobierno de Argentina ha designado una delegación que participará en una reunión en Estados Unidos con el mediador judicial que interviene en la disputa con los tenedores de bonos que no aceptaron participar en una reestructuración de deuda, tal y como ha informado el Ministerio de Economía del país sudamericano.
También durante la jornada, los tenedores de bonos soberanos impagos de Argentina han asegurado que no se han reunido con el Gobierno del país sudamericano para negociar un acuerdo sobre la deuda incumplida y han acusado al Ejecutivo de Cristina Fernández de Kirchner de negarse a entablar conversaciones.
Argentina depositó el jueves el pago para un cupón con vencimiento el 30 de junio para los tenedores de deuda reestructurada sin desembolsar otros 1.330 millones de dólares a los acreedores que no aceptaron el canje de deuda, los conocidos como 'fondos buitre', como había ordenado el juez Griesa.
Mientras tanto los bancos de Estados Unidos tienen prohibido hacer los pagos a los acreedores de Argentina. Griesa dijo el viernes que el depósito era ilegal y que el dinero debía ser devuelto al Gobierno argentino.
Si el dinero no llega a manos de los tenedores de deuda reestructurada el lunes, se considera que Argentina entrará en un default técnico. Pero tiene un período de gracia de 30 días que termina el 30 de julio para llegar a un acuerdo que acabe con la vieja batalla legal o caerá en un incumplimiento de pagos por segunda vez en 12 años.
Griesa designó a Pollack, un veterano abogado financiero de Nueva York, como asistente especial para ayudar a lograr un acuerdo entre Argentina y los tenedores en disputa.
Argentina incumplió con una deuda soberana de unos 100.000 millones de dólares en 2001-2002 y negoció una reestructuración con el 93 por ciento de los tenedores de bonos en un acuerdo considerado uno de los más costosos para inversores en la historia, pagando entre 25 y 29 centavos por dólar adeudado.
ARGENTINA CRITICA AL JUEZ
El Ministerio de Economía argentino no hizo comentarios de inmediato sobre las palabras de Newman, pero el Gobierno argentino había criticado previamente al juez Griesa.
"Es la primera vez que un juez pretende alterar un contrato, un prospecto, una relación contractual e impedir el pago a un bonista reestructurado que adhirió voluntariamente a las mismas leyes del Estado de Nueva York que el representa", ha declarado este el jefe de Gabinete de Ministros, Jorge Capitanich.
La semana pasada el ministro de Economía, Axel Kicillof, viajó a Nueva York en una visita relámpago para hablar en un encuentro del comité del G77 más China en Naciones Unidas, en donde dijo que el país estaba siendo empujado a un default.
El funcionario dijo entonces que no se reunió con los acreedores en pleito, conocidos como 'holdouts', liderados por los fondos de cobertura Elliott y Aurelius Capital Management.
BNY Mellon confirmó el viernes que el país depositó 539 millones de dólares en una cuenta del Banco Central en Buenos Aires para cumplir con un cupón que vence el 30 de junio y pagar a los tenedores que aceptaron los canjes del 2005 y 2010. En total, el Gobierno transfirió 832 millones de dólares para el pago de varios tenedores de bonos.
Griesa había establecido en un fallo previo que Argentina no podía hacer ese pago a menos que desembolsara otros 1.330 millones de dólares a los 'holdouts', basándose en una cláusula pari passu, de igualdad de condiciones, utilizada para la venta original de los bonos en 1994.